Tegucigalpa (Proceso Digital Especial) -¡Vamos bien! es la frase más popular acuñada en los últimos meses por las autoridades policiales cada vez que capturan a un presunto delincuente o autor de un delito, alardeando de los resultados de un estado de excepción con escasos ingresos y graves denuncias de violaciones humanitarias, incluido el retorno de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas.
Tres informes nacionales e internacionales han sido demoledores en sus valoraciones sobre el impacto que está teniendo la política de mano dura en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales para poder entrar a cualquier lugar, en cualquier momento, sin orden judicial para capturar quienes creen que son sospechosos de delincuencia común u organizada.
Estos informes están relacionados con la situación de derechos humanos en Honduras presentados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras de las Naciones Unidas (ACNUDH), uno sobre Violencia de Género en el estado de excepción elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), y el del Estados Unidos Departamento del Estado de Derechos Humanos en Honduras en 2023. Informes que incluyen los enormes desafíos que aún persisten, así como los abusos cometidos en materia de derechos humanos, especialmente en materia de seguridad en el ámbito del estado de emergencia.
Un estado de excepción que, del 6 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023, contó con más de 500 denuncias, incluidas 110 denuncias por violaciones humanitarias contra sectores vulnerables como mujeres, niños y adolescentes. Cada vez que se prorroga el decreto de estado de emergencia crece el pico de denuncias que afectan a este sector vulnerable, según datos en poder del Comisionado de Derechos Humanos.
En el caso de las mujeres, las horas en las que se cometen mayores abusos es en la madrugada, cuando realizan los allanamientos, y si ven que están solas en sus casas con sus hijos menores, entran y atropellan por todos lados. . Hacen gala del poder que confiere la autoridad, reafirman los informes presentados.
Sin un solo registro de detenciones
En tanto, el informe de ACNUDH destaca que, del 1 de enero al 1 de noviembre de 2023, se registraron 24.563 detenciones, de ellas más de 1.500 mujeres, 322 menores y más de 16 mil allanamientos.
Las fuerzas de seguridad más denunciadas por abusos de violaciones a los derechos humanos en el marco del estado de emergencia son la Dipamco, la DPI, la Policía Militar de Orden Público y la Policía Nacional Preventiva, además de otros cuerpos policiales no identificados.
La ACNUDH llama la atención sobre el hecho de que no existe un registro único de personas detenidas, lo que impide controlar la legalidad de las detenciones. El Alto Comisionado llama la atención sobre dos hechos preocupantes en materia de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales y el retorno de las desapariciones forzadas de personas. Respecto de este último punto, destaca el registro de 7 casos de desaparición forzada, además de 5 ejecuciones extrajudiciales.
Las muertes en la comunidad LGTBIQ+ en el marco del estado de emergencia se estiman en 50 sólo en 2023 según un informe sobre seguridad y justicia de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ).
La gravedad de estas denuncias ha intentado ser minimizada por las autoridades policiales y militares. El primero, ante cada captura que realiza o anuncia una recompensa para dar con el paradero de un delincuente, cierra su decisión con la frase ¡Vamos bien! “¡Capturamos a un líder de una pandilla, estamos bien!”, “¡Destruimos una plantación de marihuana, estamos bien!”, dicen a cada paso altos mandos policiales.
Según portavoces policiales y militares, en el marco del estado de emergencia han realizado más de un millón de operativos policiales, y las casi 500 denuncias que se han registrado en organismos humanitarios son pocas comparadas con “los éxitos alcanzados”. .
Un informe de la ASJ sobre la situación de seguridad en el país destaca que, en 2023, el 95% de las detenciones realizadas en el marco del estado de emergencia fueron por “faltas y no por delitos relacionados con la extorsión o delitos”. que se relacionan”.
El estado de excepción surgió por la demanda de los sectores del transporte, comerciantes y ciudadanos que no soportan el delito de extorsión, pero todo indica que este fenómeno va creciendo a la par de la extensión del estado de excepción, que ya rige desde hace más de un año. y se ha ampliado una vez más en la cámara hasta mayo de 2024, con vistas a poder prorrogarse en el tiempo. El estado de emergencia ya se ha prorrogado 12 veces.
Las extorsiones no se han podido controlar, en la zona norte, especialmente en Villanueva, dicen los transportistas que Ahora pagan a seis grupos de extorsionadores, además de las pandillas 18 y MS-13. El fenómeno de la extorsión también se ha extendido a otras zonas del país, al igual que la ampliación del estado de emergencia que ahora cubre los 18 departamentos del país.
Camino hacia un “estado” policial
En el Congreso Nacional, el debate previo a la aprobación del estado de emergencia fue acalorado entre los congresistas que llamaron la atención sobre informes nacionales e internacionales de derechos humanos, pero la postura de los diputados oficialistas se centró en aplaudir el accionar de la policía y el gobierno. militares y señalan que quienes se opusieron a la prórroga de la medida están en connivencia con el crimen organizado y el narcotráfico, misma expresión utilizada por el expresidente Juan Orlando Hernández para inhabilitar a los jueces de la Sala Constitucional a quienes destituyó de sus cargos en 2012, un causa por la cual Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDC).
Algunos legisladores, como la representante Maribel Espinoza, advirtieron que esta continua extensión del estado de emergencia podría terminar convertir al Estado de Honduras en un “estado policial” con abusos y suspensión de más garantías constitucionales. Destacó las declaraciones hechas en el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Este informe señala posibles asesinatos arbitrarios o ilegítimos, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales, además de señalar las condiciones penitenciarias en las prisiones del país. La situación en las cárceles también fue abordada por una misión de Naciones Unidas sobre tortura y tratos crueles que estuvo recientemente en el país y realizó sus observaciones sobre la militarización de las cárceles y denuncias de abusos humanitarios y torturas allí cometidas. Los responsables de la gestión de las prisiones, la Policía Militar de Orden Público, minimizaron estas quejas de la misión internacional al indicar que el control había regresado a las cárceles, que ya no había trifulcas y que las cárceles ya no eran escuelas del crimen.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe destaca el tema de la violencia de género, la impunidad de feminicidios, muertes y abusos contra la comunidad LGTBIQ+, y aunque reconoce que el gobierno del presidente Castro tomó algunas medidas al respecto, el Poder Judicial sigue siendo una fuente de impunidad en el país.
El Estado-País
Pero el tema de la seguridad no sólo se limita al estado de excepción sino también a lo que sucede bajo esta figura, donde las masacres siguen siendo otro fuerte componente de la violencia y la inseguridad. Sólo en 2023 se registraron 48 masacres y en el primer mes de 2024 ya se registraron dos masacres con un promedio de 12 muertes, según registros de los medios.
Los expertos reconocen que si bien la tasa de homicidios se redujo en 2023 a 31,1 por 100.000 habitantes, esta tasa sigue siendo alta en contraste con el resto de los países centroamericanos. En cuanto a la geografía nacional, ahora los departamentos hondureños que aparecen con mayores tasas de homicidio son Colón y Olancho, y según datos de la ASJ, el 24% de los hondureños han sido víctimas de algún delito en los últimos años. 12 meses.
La percepción de inseguridad aumenta tras las primeras detenciones de policías en activo implicados en bandas criminales, policías en activo que, aprovechando el estado de emergencia, agredieron, extorsionaron y torturaron a personas, allanaron sus negocios o residencias para Implantar pruebas y cometer humillaciones. en nombre de la autoridad. Las primeras detenciones se han producido a raíz de denuncias, muchas de ellas interpuestas y encabezadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
En 2023, según cifras de la ASJ –que trabaja en seguridad y justicia desde hace más de 15 años– el año pasado uno de cada cinco hondureños fue víctima de delitos como robo, estafa, extorsión y amenazas, entre otros. . ¡Es el Estado-País de (inseguridad) bajo el cual, según las autoridades policiales, vamos bien! (PD).