En eso Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Delincuencia Organizada Ayer se inició un proceso contra ocho agentes de la PPP acusado de robar en la casa de un vendedor de autos a quien también le colocaron pruebas falsas para incriminarlo por delitos que no cometió.
Los acusados de Ministerio Público (MP) son Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López a quienes se les imputan seis delitos.
Los agentes investigadores están acusados de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por parte de funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionario público.
Los delitos que presuntamente cometieron los policías son lesivos de los derechos fundamentales de la sociedad, de la administración pública, de los testigos protegidos, de la inviolabilidad del domicilio, de la fe pública del Estado de Honduras y contra la integridad moral y la dignidad de las personas.
La solicitud presentada por los fiscales del Ministerio Público establece que el hecho ocurrió el 12 de enero de este año a las 4:40 de la mañana cuando los imputados arribaron a bordo de dos camionetas sin placas a un domicilio en el barrio Montefresco de San Pedro Sula, Cortés.
Los agentes rompieron violentamente el portón y entraron, dirigiéndose a la habitación de la víctima para luego llevarlo al salón donde fue víctima de golpes en todo el cuerpo, mientras otros agentes registraban la vivienda. Luego de haberlo golpeado comenzaron a interrogarlo preguntándole dónde guardaba el dinero, drogas, armas de fuego y bienes de valor y la víctima les dijo que no tenía nada de eso porque no delinque, todo mientras lo desnudaban. de dos iPhone, su billetera con documentos personales y dinero, un Apple Watch, un arma de fuego, además de intentar boicotear el sistema de cámaras de la casa.
Las investigaciones indican que después de más de tres horas de retenerlo ilegalmente y llevarlo a diferentes lugares de San Pedro Sula, la policía exigió al agraviado la cantidad de 350,000 lempiras para liberarlo, pero este les dijo que no tenía esa cantidad. cantidad de dinero. dinero, luego observó a uno de los policías que sacó unas bolsas de su chaleco y las metió en su mochila. Al amanecer lo llevaron a las instalaciones de la DPI, incluso amenazándolo de muerte.
Una vez en esas instalaciones y luego de presentar informes de investigación, lo presentaron como integrante de una estructura criminal, implantándole bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática tipo ametralladora UZI.
Los agentes continuaron amenazando al ofendido en el sentido de enviarlo al Ministerio Público con pruebas falsas, en caso de no entregarles la cantidad de dinero que solicitaron.
Cuando se pone a las órdenes del Ministerio Público, El testigo protegido fue puesto en libertad tras comprobarse que su detención fue ilegal y que se le habían sembrado pruebas para acusarlo de delitos que no había cometido.
El juzgado que conoce del caso dictó orden de aprehensión contra los imputados, quienes fueron detenidos por las autoridades de la ministerio de seguridad y puesto a la orden del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Delincuencia Organizada.
Anoche comenzó la audiencia de declaración del imputado y en horas de la madrugada un juez que lleva el caso ordenó la prisión judicial del imputado.
Los agentes imputados fueron enviados al centro penitenciario El Progreso, Yoro, y el juez programó la audiencia inicial para el 16 de abril a las 9:00 de la mañana.
Ilegalidades
Este es el segundo caso en el que agentes de la DPI son acusados por hechos similares, ya que el 24 de enero capturaron a otros siete miembros de esa institución policial a quienes el MP acusó de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación. , abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
Según la acusación de diputadoLos agentes llegaron a una residencia propiedad de un prestamista en el residencial Los Alpes el 29 de diciembre de 2023, antes de las seis de la mañana sin orden judicial ni administrativa, ingresaron al domicilio, rompieron el portón y se dirigieron directamente al dormitorio donde había Había una caja fuerte que fue robada.
La caja fuerte contenía 14 millones de lempiras y 240 tarjetas de débito pertenecientes a los clientes del prestamista. Además, los policías se llevaron relojes, lociones, joyas y un maletín con 460 mil lempiras en efectivo. Los siete miembros del PPP Los acusados en ese caso se encuentran en prisión.