Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó este domingo a las autoridades hondureñas realizar una investigación profunda y exhaustiva que permita dar con los responsables de la muerte violenta de más de cien años de defensores de los derechos, que pierde la vida en circunstancias violentas a partir del año 2014 y, cuyos crímenes quedan impunes en más del 95% de los casos.
La situación de violencia contra los defensores de los derechos humanos es alarmante, se estima que, desde el año 2014, al menos, 136 personas que se dedican a esta actividad humanitaria, perdieron la vida de manera violenta, sin que se conozcan, en la mayoría de los casos, a los responsables ni las causas que motivaron esos crímenes.
Entre 2021 y lo que va del 2023, alrededor de 40 defensores de los derechos humanos han muerto bajo esa circunstancia, la mayoría de ellos dedicados a la defense de los pueblos aborigenes, la tierra, los territorios, las personas LGTBI, así como defensores de la atmósfera.
De esta radiografía de la inseguridad para los defensores de los derechos humanos en Honduras, 11 perdieron la vida en el 2021, un año después 18 y, en lo que va del 2023, alrededor de una docena.
Durante este mismo período, 12 de los 18 departamentos del país fueron escenario de la muerte de defensores de los derechos humanos, de los cuales, el 60 % se registra en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro.
Muchos defensores de los derechos humanos, en Honduras, también son objeto de amenazas de muerte, persecución, intimidación, judicialización, ataques, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestro e inclusión de su desaparición.
La titular de la Conadeh, Blanca Izaguirre, condenó que Honduras sigue siendo uno de los países del continente más peligroso para la defensa de los derechos humanos.
Señaló que, la impunidad de los asesinatos y de otros delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos alimentó aún más la violencia en contra de ellos.
La criminalización de los defensores tiene un efecto intimidatorio no solo para ellos, sino que, para la misma sociedad, insuficiente.
Agregado que muchos tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.
Considerar urgente y necesario adoptar una política pública integral de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y atribuirle la presunción necesaria para su efectiva implementación.
Defensores de la tierra, los territorios
y los más afectados pueblos aborígenes
Las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. Las comunidades Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquito que tratan de proteger sus tierras ancestrales están en violación de la criminalización, estigmatización y acciones legales.
El último suceso ocurrió el pasado 28 de mayo con el caso del defensor de derechos humanos y líder de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, Martín Morales Martínez encontrado muerto, en el rio Gama, tras haber sido reportado, un dia antes, por su familia, como desaparecido.
Morales fue integrante del Comité y la Comisión para la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz por violaciones a los derechos humanos ya la propiedad colectiva de la comunidad. También fue integrante del Comité de Defensa de la Tierra (CODETT) de la misma comunidad.
Entre 2016 y el primer semestre de 2022, la Conadeh ha atendido a 39 personas garífunas, 23 lencas, 19 misquitos, 12 pech, 10 tolupanes, 2 tawahkas y 2 del pueblo maya chortí, que denunciaron estar en situación de riesgo o que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
De los 107 casos atendidos, 69 que representan el 64%, están en situación de riesgo, mientras que 38, equivalentes a un 36%, como víctimas del desplazamiento forzado, la mayoría asociados a causa como el despojo de tierras y propiedades, así como asesinatos de padres, lesiones y amenazas.
La Defensora del Pueblo recomendó al Estado Hondureño que marque las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.
El grupo de mayor afectación, según las denuncias atendidas por el Conadeh, son los garífunas y los motivos están estrechamente relacionados a la lucha por la tenencia de la tierra, bienes comunes y la naturaleza ancestral.
El Conadeh también registró el hecho ocurrido el 18 de julio de 2020 con la desaparición de cuatro defensores garífunas, en la comunidad del Triunfo de la Cruz, sin que hasta la fecha sepa su desfile o sin que haya avances por parte del Ministerio Público en el investigaciones JS