Por Óscar Estrada
Nueva York, 18 de febrero de 2024
Esta semana comienza el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por la Fiscalía de Nueva York de narcotráfico, posesión ilegal y uso de armas y explosivos para promover el narcotráfico. Y aunque los primeros días solo veremos el proceso de selección del jurado, el debate de estas semanas nos ha permitido saber que este proceso se dará en medio de dos narrativas contrapuestas.
Por un lado, la Fiscalía presenta a Hernández como el líder de un cartel de la droga que, aprovechando su posición como presidente del país, forjó alianzas con narcotraficantes para promover sus operaciones ilícitas, recurriendo incluso a sicarios. Esta acusación se basa en testimonios de narcotraficantes y presuntos colaboradores, audios de llamadas interceptadas y otros documentos que sugieren su complicidad. Esta ha sido la narrativa dominante en los medios hondureños durante los últimos años. También tienen el importante precedente de la condena de su hermano “Tony” Hernández por los mismos cargos.
Por otro lado, la defensa intenta construir una narrativa contraria. Se desviven por presentar a Hernández como un aliado de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, insinuando que cualquier acción ilegal que haya tomado mientras era presidente era conocida por Washington y posiblemente aprobada por él. La defensa ha tenido dificultades para acceder a documentos clasificados del gobierno estadounidense que pudieran respaldar esta versión, argumentando que Hernández colaboró estrechamente con agencias estadounidenses y que su arresto es una venganza ideada por los narcotraficantes contra quienes luchó durante su mandato como presidente. Esta narrativa es apoyada por su familia, quienes desde un principio buscan retratarlo como un hombre de principios morales conservadores, para resaltar fisuras en la narrativa oficial.
Esta dualidad de narrativas coloca al jurado en la difícil posición de discernir si Hernández fue, en realidad, un promotor del narcotráfico disfrazado de aliado o si su arresto se debió a razones políticas y represalias por parte de delincuentes. La estrategia de defensa de desclasificar documentos podría ofrecer una perspectiva más clara sobre la relación entre Hernández y el gobierno estadounidense, especialmente en lo que respecta a su papel en la guerra contra las drogas.
Hay varios casos que comparten similitudes con el juicio contra Hernández, especialmente aquellos que involucran a exjefes de Estado o altos funcionarios acusados de narcotráfico, corrupción y otros delitos graves. Estos precedentes ofrecen una idea de cómo podría desarrollarse y concluir este caso.
El primero y más utilizado como referencia es el de Manuel Noriega, presidente de Panamá, quien fue capturado en 1989 tras una intervención militar y posteriormente juzgado en Miami. Noriega fue condenado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Su defensa también intentó argumentar que sus acciones fueron llevadas a cabo en coordinación o con la aprobación de agencias estadounidenses.
Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aunque no es político, el juicio contra el líder del cartel de Sinaloa destaca por la magnitud de las acusaciones de narcotráfico. Su juicio terminó con cadena perpetua.
Los “narcosobrinos” de Maduro y otros exfuncionarios venezolanos de alto rango. Estados Unidos ha acusado a varios familiares de Maduro y ex funcionarios del gobierno venezolano (incluido el propio Maduro) de tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción. Aunque muchos de estos casos aún están en proceso o los acusados están fuera del alcance de la justicia estadounidense, algunos han sido liberados tras una intensa negociación entre las autoridades de ambos países.
Estos precedentes sugieren que Estados Unidos no duda en juzgar y condenar a extranjeros de alto perfil, incluidos ex jefes de Estado, y las sentencias suelen ser duras. Para Hernández, su defensa enfrenta el desafío de contrarrestar no sólo las pruebas presentadas por la Fiscalía, sino también la percepción pública y la tendencia judicial en casos similares.
Pero también hay precedentes en los que personas acusadas de delitos graves, incluido, entre otros, tráfico de drogas, han sido exoneradas, absueltas o se les han desestimado los cargos por diversas razones. Algunas de las razones por las que pueden ocurrir estos resultados incluyen evidencia insuficiente, inadmisibilidad de evidencia crucial, efectividad de la defensa legal, cambios en la percepción del jurado o incluso intervenciones políticas o diplomáticas.
Podemos recordar el caso del actor Robert Blake, acusado del asesinato de su esposa, Bonny Lee Bakley, en 2001. En 2005, Blake fue declarado inocente por falta de pruebas directas que lo vincularan con el crimen.
En el juicio por asesinato de OJ Simpson en 1995. Algunas de las pruebas contra Simpson fueron cuestionadas por cómo se manejaron y recopilaron, lo que generó debates sobre la contaminación de la escena del crimen.
Casey Anthony, acusada en 2008 del asesinato de su hija, Caylee Anthony. En 2011 fue declarada inocente, en gran parte debido a la efectividad de su defensa legal, que cuestionó las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía que presentaban la teoría de que Caylee había muerto accidentalmente.
John Gotti, líder de la familia criminal Gambino, que fue absuelto en tres juicios, en parte debido a la capacidad de su defensa para influir en las percepciones del jurado y, supuestamente, mediante la intimidación de testigos. Estos factores contribuyeron a la dificultad de obtener una condena hasta un nuevo juicio en 1992.
Ahmed Ghailani, acusado de participar en los atentados con bombas perpetrados en 1998 contra las embajadas estadounidenses en África, fue absuelto de todos los cargos menos uno en 2010 en un tribunal civil estadounidense. La exclusión de ciertas pruebas obtenidas bajo tortura y La complejidad de juzgar casos de terrorismo en tribunales civiles ilustra cómo las intervenciones legales y las cuestiones de derechos humanos. H H. puede influir en los resultados judiciales.
Un jurado de doce personas debe decidir el destino de Juan Orlando Hernández. A medida que se desarrolle el juicio, ambas partes en la disputa buscarán solidificar su versión de los hechos, un caso que promete revelar detalles íntimos de la interacción entre la política, el narcotráfico y las relaciones internacionales.