Tegucigalpa (Proceso Digital) – La Misión Técnica de la ONU para conocer en el terreno las condiciones mínimas para la instalación o no de la CICIH en Honduras y cuyo trabajo «sigue adelante», golpeó nuevamente en el debate público la lucha contra la corrupción e impunidad en el país, obligando al Congreso Nacional a derogar, a cuenta gotas, algunos de cretos lesivos que shieldaban la corrupción, además de poner presión al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en un intento que parece no hacer mella, tras acciones públicas contra organizaciones civiles, manifestaciones y otras formas de protesta.
La Misión Técnica de la ONU que, se presume, tendrá permanencia de seis meses, pero que levó anclas por asuntos no informados públicamente, pero cuyo trabajo «sigue adelante», según dijo a proceso digital este domingo un portavoz de las Naciones Unidas, tiene en sus tareas actualizar el diagnóstico de la corrupción en el país en sus leyes, reglamentos y otros estados que permiten obtener una visión integral del fenómeno y los esfuerzos de lucha hasta ahora realizados. Desde el inicio comenzaron a tener intensas reuniones con diversos sectores y actores sociales, políticos, económicos, gubernamentales, los tres poderes del Estado, entre otros considerados relevantes y de interés.
De entrada, en el Congreso Nacional, los legisladores al regreso de sus vacaciones de medio término saludaron la derogando decretos y reformas relacionados con el lavado de actividades y el secuestro de información manejada bajo la figura del secreto bancario que le había sido impedida a los impuestos del Ministerio Público.
Esta acción legislativa costó 18 meses de intensas presiones ciudadanas, partidos políticos, como el Partido Salvador de Honduras (PSH), organismos internacionales, incluidos los sectores privados que veían necesario ese paso legislativo, antes de finalizar este año.
Los derogados derogados fueron el número 57-2020 contencioso de la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal que impidió al Ministerio Público realizar el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción. El también fue el decreto 93-2021, que, entre otras reformas y derogaciones, sacó al Ministerio Público la capacidad de trabajar articuladamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, así como cambios en la regulación del delito de lavado de activos y ot ros elementos que contemplaba dicha reforma.
Faltan «los daninos»
Los partidos políticos, por unanimidad de votos, acordaron dejar sin efectos esos dos decretos, pero quedan en el tintero otros considerados como «altamente dañinos» relacionados con el manejo de fondos públicos mediante prácticas discrecionales que han permitido qu’este uso de dineros caer en sacos de Impunida dy corrupción sin que pueda enjuiciar a los culpables.
Estos decretos que faltan, según la Red por la Defense de la Democracia que conforman una serie de instancias civiles, son el decreto 116-2019, conocido como «Fondo Departamental», el decreto 117-2019, articulo A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, además de la revisión de de litos en contra de la administración pública regulada en el decreto 13-2017, que le da vida al actual Código Penal. La Red también pide reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a través del decreto 145-2019 que en su artículo 77, limita el acceso del Ministerio Público a la información del Tribunal.
Otro decreto que estiman debe ser derogado es el llamado «Pacto de Impunidad 2.0» relacionado con la amnistía política Aprobado para este presente gobierno y qu’ha generado mucha polémica al ser favorecidos varios personajes políticos del ex gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-Junio 2008) ligados a presuntos hechos de corrupción.
Esta es la acción de acuerdo con la Red para la Defensa de la Democracia y otras instancias de la sociedad civil y el análisis de sus necesidades para que se establezca en el país la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), cuya viabilidad o no es uno de los propósitos de la misión técnica de la ONU.
Las expectativas de la llegada de la Misión Técnica de la ONU han sido muy altas, pero las mismas se vanecieron rápidamente tras una arremetida contra la representante de la Unidad Nacional en el país, Alice Harding Shackelford, por su participación en una reunión conjunta con el director del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), incluyendo su mensaje publicado en su red social Twitter para la presidenta Xiomara Castro, su esposo y asistente principal, Manuel Zelaya, en seguimiento a un informe de función arios de todos los niveles.
Así el panorama y mientras la Misión Técnica de la ONU empezaba a tomar el pulso jurídico y político del país, desde las organizaciones de la sociedad civil se ha reactivado el interés ciudadano de repetir la marcha de las antorchaspero a la confrontation violenta de los colectivos del partido Libre en el poder y de los mensajes nada amigables de sus líderes políticos, salir a las calles y exigire que el Parlamento y el gobierno cumplan la promesa de instalar en el país la CICIH, misma que requiere una voluntad política que pas por la de rogatoria en el Congreso del resto de leyes que protegen el pacto de impunidad y dificultan el combate à la lucha anticorrupción.
Igualmente, está en el tintero ya vista de quienes buscan consolidar una sólida plataforma anticorrupción, la elección del apoderado fiscal general del país y su adjunto, en medio de los debates públicos por acuerdos políticos suscritos, anunciados y publicados, incluso en medios de comunicación gubernamentales.
El fiscal, su adjunto y los pactos
La Junta Proposed, que deberá nominar a los cinco candidatos que permitirán al pleno legislativo el egir al fiscal general y su adjunto, ya se enfrentará a algunas luchas complejas y la selección de los mejores candidatos es una batalla aún en el campo y no se sabe cuál será el resultado de la misma y la cámara de di put teens, ahora con más miembros señalados en la lista Engels, será responsable en última instancia de la escogencia última.
De tal forma que todo contexto para instalar la CICIH, de acuerdo con la misión técnica de la ONU, al término de la reunión con la presidenta Castro, debe ser independiente, autónoma, con reformas necesarias para su trabajo y condiciones mínimas para poder operar en Honduras.
Se está de momento, en la segunda fase del acuerdo de memorando suscrito y el panorama luce incierto, según analistas consultados por proceso digitalaún faltan los otros pasos para sellar el convenio y hacer posible la misión de la CICIH: llegar con dientes y garras para emprender de frente la lucha anticorrupción.
El Tema de la Cicih se ha Instalar nuevamete en la Agenda y Debate Público, la Presidenta Castro ha dicho que ese concio se debe acelerar y que no descarta hablar con el secretario de la unU, antónio guterres, para instalar la cicih cuanto antic Dejan Más Dudas que respuestas. (PD)