El Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, Richard Barathe, se refirió a varios aspectos del tema electoral y aquí sus reacciones.
¿Sabemos que el PNUD ha acompañado los procesos de modernización y fortalecimiento del sistema electoral del país, cuáles han sido los principales logros?
r. Hemos notado que ha habido avances en materia electoral, con una visión transformadora. En primer lugar, creo importante hacer referencia al trabajo de la RNP en la construcción de la nueva base de datos de hondureños, inscribiendo a 5,6 millones de adultos con los más altos estándares de calidad y seguridad, así como la materialización del deseo de tener una identificación digital y el DNI más seguro de América Latina, como ha sido reconocido internacionalmente. Por otro lado, con la crisis migratoria, la RNP promoverá un importante esfuerzo que reducirá la trata de menores, mediante el uso de la biometría, además de facilitar el acceso integral a los servicios públicos. En segundo lugar, también es importante reconocer al CNE que realizó el excelente trabajo de construir una nueva institucionalidad y superar un conjunto de desafíos, particularmente de tiempo y presupuesto, e implementar un proceso electoral de muy alto nivel, con innovaciones tan importantes como la validación. biometría en las urnas, entre otros aspectos. En tercer lugar, el TJCE y la UFTF también han logrado avances significativos a pesar de contar con un marco jurídico específico que aún es débil y, en el caso del TJUE, incluso inexistente. Recordemos que todo esto se ha logrado en condiciones logísticas excepcionalmente difíciles, particularmente debido a la pandemia y a las tormentas recurrentes, y sin embargo, con un gran compromiso por parte de estas instituciones, la transparencia ha aumentado significativamente (el 83% de la población “considera que el las elecciones generales se realizaron de manera transparente” (Encuesta de Opinión Pública CID GALLUP, PNUD: enero 2022) y por lo tanto los niveles de confianza ciudadana en las instituciones electorales han mejorado notablemente, fortaleciendo así, sin duda, la democracia e incluso contribuyendo a evitar violencia y muertes.
Y para los próximos procesos, ¿cuáles son los desafíos?
r. El principal desafío, en mi opinión, es consolidar los logros obtenidos sin retrocesos y seguir avanzando en el mejoramiento y fortalecimiento del sistema electoral. El trabajo realizado con el registro civil, y, por tanto, con el censo electoral, proporciona un primer pilar de confianza al proceso.
Es muy importante que el proceso de selección de las autoridades valore seriamente las capacidades de quien postula para seguir impulsando esta visión transformadora donde el interés del país prevalece sobre los intereses partidistas. Es esencial que las próximas elecciones sean pacíficas y creíbles.
¿Cómo garantizar integridad, transparencia y legitimidad en el próximo proceso electoral?
r. Un censo electoral confiable, un presupuesto que cubra todas las necesidades planteadas por las instituciones electorales, un desempeño técnico adecuado por su parte y la supresión de injerencias políticas en su trabajo. En mi opinión, esto contribuiría a sentar las bases de un proceso completo, transparente y, por tanto, legítimo.
¿Qué opina de los acuerdos políticos para los nombramientos que se han realizado?
Desde el PNUD saludamos la labor de diálogo y generación de consensos en la selección y designación de autoridades electorales y otras instituciones autónomas por parte del Congreso Nacional. Por lo cual es importante asegurar una transición en tiempo y forma. Por ello, el diálogo y la búsqueda de consensos son claves para fortalecer la democracia, y sin duda contribuirá a brindar más confianza en el proceso y consolidar el importante trabajo realizado por la institucionalidad y otras instituciones autónomas. El PNUD, junto con el resto del Sistema de Naciones Unidas, se compromete a seguir acompañando y apoyando el fortalecimiento de las instituciones, en su conjunto, para contribuir al Estado de Derecho y contribuir a un proceso electoral transparente, pacífico y participativo en 2025. .