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Gobierno acusó a Gabriela Castellanos de representar a interesados ​​de un sector de EE.UU. para desestabilizar el país

Tegucigalpa – El gobierno alertó este viernes que la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, representa a los interesados ​​de un sector reaccionario de Estados Unidos con el fin de desestabilizar el país.

La subsecretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Carmen Haydee López emitió un comunicado indicando que Gabriela Castellanos afirmó ser la representante del pueblo para cubrir el sector que realmente representa.

Nótese que la CNA es una organización natural público-privada porque fue creada mediante decreto legislativo y es financiada al 50% por el Estado para ejercer funciones de prevención y lucha contra la corrupción.

En segundo lugar, la función señaló que la máxima autoridad de la CNA es la asamblea general.

Quienes integran la asociación general de la CNA son: Arzobispado de Tegucigalpa, Confraternidad Evangélica de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo de Rectores de las Universidades, Confederaciones de Trabajadores y asociaciones de campesinos.

Asimismo, sus miembros de la asociación general: Federación de Colegios Profesionales Universitarios, Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo, Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), la Asociación Nacional de Municipios de Honduras (Amhon), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), la Asociación de Medios de Comunicación y dos miembros del Poder Ejecutivo.

Reveló que la CNA tiene financiamiento de 23 millones de lempiras provenientes del Tesoro Nacional y fondos de la donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La cifra que trajo USAID a la CNA durante este período y presentó más de 20 millones de lempiras, según el comunicado de SGJD.

Acusó al CNA de ser cómplice que guardó silencio ante los atracos de cien contratos de energía, contratos de asociaciones público-privadas, el aeropuerto de Palmerola, la Empresa de Energía Honduras (EEH), las ZEDEs, Hospitales Móviles, caso Hermes y otros casos. SU