El ex director ejecutivo del Comité Técnico del Tasa de seguridad Población, Francisco Roberto Cosenza Centeno, compareció este viernes a su primera audiencia tras ser extraditado desde Honduras.
El exfuncionario -según documentos oficiales- compareció ante la jueza de primera instancia, Lauren Fleischelr Louis, y durante la audiencia el Fiscalía del Distrito Sur de Miami Solicitó “prisión preventiva por riesgo de fuga”, la cual fue ordenada por el juez.
La audiencia duró 20 minutos y fue enviado inmediatamente al FDC Miami, un centro de detención de seguridad administrativa federal en el que hay 878 reclusos.
El audiencia de lectura de cargos Estaba previsto para el martes 9 de abril, a las 13:30 horas, en la división de Miami, ante el juez magistrado de turno de Miami.
En su primera audiencia, Cosenza Centeno estuvo representado por un abogado de la Oficina de Defensores Públicos de Miami (FPD).
Después de la audiencia, Juez Lauren Fleischelr Louis ordenó que “de conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, la Corte confirma la Obligación de Estados Unidos de revelar al acusado toda prueba exculpatoria, es decir, evidencia que favorezca al acusado o arroje dudas sobre el caso de Estados Unidos, según lo determine la La corte. requiere Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) y sus descendientes, y ordena a los Estados Unidos que lo hagan”.
Asimismo, “el gobierno tiene el deber de revelar cualquier prueba que sirva para negar la culpabilidad del acusado, la credibilidad de un testigo o que reduzca una posible sentencia. El imputado tiene derecho a esta información sin necesidad de solicitarla. No revelar pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias que incluyen, entre otras, exclusión de pruebas, instrucciones adversas al jurado, desestimación de cargos, procedimientos de desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del tribunal”.
El exfuncionario fue extraditado el pasado jueves a Miami desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Investigación
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Carl Alan Zaglin, empresario que fabrica uniformes y complementos para la fuerza pública, sobornó a Cosenza para garantizar contratos con el Impuesto de Seguridad por valor de más de 10 millones de dólares. .
A cambio de pagos de sobornos, Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño supuestamente ayudaron a Zaglin, Aldo Néstor Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros artículos a la Policía Nacional y asegurar el pago de los contratos. .
Zaglin, Marchena y sus cómplices utilizaron las ganancias de contratos corruptos del gobierno hondureño para realizar pagos de sobornos a funcionarios del gobierno hondureño.
Para ocultar los pagos de soborno, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros supuestamente lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice. Como se alega en la acusación, los conspiradores enviaron más de 166.000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño.
En el caso de Zaglin pagó una fianza de 1,1 millones de dólares para defenderse en libertad. La justicia estadounidense prevé celebrar el juicio contra Zaglin a finales de este año.
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