Organizaciones humanitarias, movimientos políticos y opositores nicaragüenses en el exilio expresaron este martes su preocupación por la extradición desde Costa Rica a Nicaragua del ciudadano Douglas Pérez Centeno, señalado como opositor al Gobierno de Daniel Ortega y quien es acusado en su país de co- Autor de la muerte de un policía y un civil.

“Esta decisión demuestra el desprecio del Estado de Costa Rica hacia los nicaragüenses”, dijo en la red social X el Centro Interamericano de Asistencia Legal para los Derechos Humanos (Calidh), organización de derechos humanos nicaragüense en el exilio.

El movimiento Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua (PHSC) advirtió en un comunicado que “entregar a la dictadura Ortega-Murillo a un refugiado político perseguido en Costa Rica es una grave amenaza a su integridad física y a su vida”.

“Estamos asombrados porque a pesar de las numerosas gestiones legales tomadas, incluido el envío de Pérez a un tercer país, el gobierno (Poder Judicial) de Costa Rica accedió a las solicitudes de Ortega sin siquiera haber esperado un recurso de hábeas corpus que se había interpuesto, el cual fue concedido. después de la extradición”, indicó.

Ese movimiento político también expresó su preocupación porque el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, “ha presumido recientemente de recibir consejos de Ortega, creando una sombra de duda sobre la situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica”.

Para el desnacionalizado líder opositor nicaragüense Félix Maradiaga, la extradición de Pérez “es un asunto de gran preocupación que genera un precedente alarmante”.

“Es vital que este tipo de casos no se repitan y que la situación de Douglas no pase desapercibida. Su vida e integridad física, como la de cualquier persona privada de libertad por la dictadura sandinista Ortega Murillo, está en peligro”, señaló Maradiaga en un mensaje.

El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien se rebeló contra el gobierno de Nicaragua, dijo en una persecución transfronteriza”.

“Es una colaboración criminal (de Costa Rica) con una dictadura que mata en prisión a sus adversarios”, evaluó.

El abogado nicaragüense desnacionalizado Yader Morazán dijo que las resoluciones internacionales de derechos humanos, vinculantes para los Estados, reconocen que en Nicaragua existen razones fundadas para creer que cualquier opositor expulsado o extraditado está en peligro de ser sometido a los crímenes de lesa humanidad de la tortura.

Las autoridades costarricenses extraditaron el pasado viernes a Nicaragua al nicaragüense Pérez, de 44 años, quien es buscado por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y delincuencia organizada, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). ) de Costa Rica.

Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición mediante recursos de hábeas corpus que señalaron el riesgo de que el nicaragüense fuera sometido a torturas por parte del Gobierno de Nicaragua, acusado por numerosos organismos internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos. de opositores y de mantener prisioneros políticos.

Pérez, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias “Relámpago”, fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia (centro), porque tenía una alerta de detención internacional.

Pérez es sospechoso de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de delincuencia organizada y secuestro simple, según acusaciones de autoridades nicaragüenses.

La extradición se llevó a cabo el viernes bajo la dirección del Juzgado Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con la colaboración de la Policía Nacional de Migración, informó el OIJ.EFE