Tegucigalpa– El asesor legal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ariel Díaz dijo hoy que resulta «ilusorio», por parte de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, emplazar a la Policía Nacional para que ofrece resultados si, por otro lado , existe otro órgano del Estado que no ofrece una respuesta en un plazo razonable y con la debida diligencia.
– En la actual administración (2022-marzo 2023) se han registrado, al menos, 60 masacres que han dejado como saldo alrededor de 230 muertos.
“No basta con que la policía intensifique sus esfuerzos si no se tiene resultados por parte de la autoridad fiscal”, explicó.
Agregó que la ubicación de la Presidencia a la Policía Nacional puede sensese como una de presionar a la autoridad administrativa y que esta, eventualmente, acté de manera irrazonable frente a un fenómeno tan grave y multicausal como es la violencia delincuencial, que debe atenderse de manera integral y no desde un punto de vista reactivo, como lo ha plantado el Poder Ejecutivo.
El pasado 6 de marzo, la Presidenta de la República, Xiomara Castro dijo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que “termina el tiempo de la esperanza” y exigió “acciones contundentes y resultados en las próximas 72 horas”.
Según Díaz, el Estado, en su conjunto, está en la obligación de investigar estos hechos de manera rigurosa en un plazo razonable y con la debida diligencia, lo cual implica que, las autoridades correspondientes, particularmente, la policía, actúe en el marco de los principios rectores de la debida diligencia.
Indicó que se tienen que garantizar pruebas determinantes para poder identificar a los responsables de los hechos. Asimismo, que esas pruebas puedan estar en custodia del Ministerio Público.
Política y MP deben actuar
El asesor legal del ente estatal de derechos humanos exigió, tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Ministerio Público, que actúen con la debida diligencia.
Además, que los familiares participen y estén enterados del proceso de investigación y puedan acceder a la justicia.
Explica que, en materia de derechos humanos, las víctimas no solamente son las personas que perdieron la vida, sino que también los familiares.
Ellos tienen derecho a acceder a la justicia, para conocer la verdad de los hechos, lo cual implica que las autoridades deben esclarecer las circunstancias y quiénes son los autores que cometieron estos crímenes.
In su criterio los familiares de las víctimas tienen derecho a una reparación adecuada qu’implica, no obstante, que los autores sean procesados, enjuiciados, pero que, también, a garantía de no repetición, no solamente para las víctimas en segundo grado, sino así como a la sociedad hondureña en general.
Al fin y al cabo, Honduras tiene un escenario de masacres, tanto en la primera avenida de Comayagüela como en la aldea el Portillo de la Mora, en Comayagua, que ya suma 16 muertos.
A la presente administración (2022-marzo 2023) se han registrado alrededor de 60 masacres que han dejado como saldo alrededor de 230 muertos.