Tegucigalpa (Proceso Digital) – En Honduras, la libertad de expresión enfrenta serios desafíos que afectan el ejercicio pleno de los periodistas y comunicadores. En la medida en que los dueños, sus medios, los periodistas enfrentan crecientes presiones, así como una serie de acciones y acciones que propician la independencia, se ve crucial para analizar el estado actual de la libertad de expresión en este país y su impacto en la sociedad.
El panorama de los medios no es halagador en Honduras. El ejercicio periodístico se ha vuelto cada vez más peligroso, con una preocupante cifra de periodistas asesinados y agredidos en los últimos años. Según datos copiados por organizaciones de derechos humanos y por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras se ubica entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina.
(LEER) Al menos 86 periodistas y comunicadores sociales en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado
Se han registrado asesinatos de periodistas y comunicadores en actos de violencia que se déconoce si están o no relacionados con su trabajo, y que la mayoría de los casos permanentes en la impunidad, pero, un número alarmante que evidencia la vulnerabilidad en que los comunicadores y periodistas trabajan para informar a la sociedad.
Otro aspecto relevante es que existen leyes y reglamentos que propician la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en Honduras. Recientemente, se ha propuesto una iniciativa que busca acentuar las penas carcelarias y establecer restricciones adicionales a la periodística laboral. Estas medidas podrían actuar como un “bozal” a los medios ya sus dueños, limitando su capacidad de investigar, informar y ejercer su papel de contrapoder. Esa última amenaza se mantiene viva en la Cámara Legislativa.
Los defensores de la libertad de expresión y sus organizaciones señalan la urgencia de la toma de medidas que garantizan un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo. Indican que es esencial que se realicen investigaciones exhaustivas y se lleven a cabo un proceso judicial adecuado en los casos de violencia y ataques contra los periodistas. La impunidad no puede prevalecer, envía un mensaje negativo y fomenta la perpetuación de estos hechos violentos.
Para muestra un botón
Un ejemplo del momento en que la prensa hondureña despliega la denuncia interpuesta de la presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras en la zona norte, Lizeth García, quien acompañada de décadas de sus colegas detalló a mediados de este mayo en San Pedro Sula que han presentado ante el Ministerio Público una denuncia por amenazas a muerte a dos periodistas.
Los periodistas, un hombre y una mujer, han recibido reiteradas amenazas a muerte mediante mensajes intimidantes en redes sociales y en sus aparatos móviles.
“Son amenazas fuertes, no sólo los han amenazado a ellos, sino que también a sus familias (…), la situación bien problemática, no queremos estar en futuro lamentando por eso estamos denunciado a tiempo”, manifestó el periodista.
Asimismo, en Honduras existe la necesidad de promover un diálogo fuerte y constructivo entre las autoridades, los periodistas y la sociedad civil para abordar los problemas estructurales que obstruyen la libertad de expresión en el país. Esto incluye revisar y modificar los ojos y reglamentos que frenan indebidamente el ejercicio periódico, así como fortalecer los mecanismos de protección existentes para garantizar su eficacia.
El mecanismo de protección
El deterioro del mecanismo de protección de periodistas y defensores humanitarios se ha deteriorado a niveles desiguales, señalando las organizaciones que defienden la libertad de expresión y la vida de los periodistas.
Los periodistas también abogan por fomentar una cultura de respeto y valoración del periodismo de calidad.
Todo este conjunto de circunstancias muestra como la libertad de expresión en el país enfrenta desafíos y amenazas significativas. La violencia contra los periodistas, las restricciones legales y los intentos de limitar su trabajo representan serias preocupaciones.
CIDH destaca obstáculos a la libertad de
expresión en Honduras tras visita in loco
Al conocer sobre la visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por los persistentes obstáculos que vulneran la libertad de expresión en el país. El informe preliminar, basado en un análisis de la situación, resalta los desafíos y las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para el periodismo en Honduras.
La CIDH, como parte de su labor de seguimiento y promoción de los recursos humanos en la región, realizó una visita a Honduras para evaluar la situación de la libertad de expresión y otros recursos básicos. Durante esta visita, el comité se reunió con periodistas representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.
En su informe preliminar la misión concluyó que la violencia y la impunidad son uno de los más graves afectaciones del derecho a la libertad de expresión. La CIDH informó sobre el temor de la prensa para dar cobertura a varios temas como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros.
La CIDH y su Relatoría consideran fundamental la adopción de un protocolo especializado en el aseguramiento de la adecuada investigación de los delitos contra periodistas; y reiteran su llamado al Estado a dotar de presupuesto a la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), ya garantizado su funcionamiento eficaz.
Asimismo, preocupado por la permanencia de los delitos de calumnias e injurias en el Codigo Penal.
Debido a la situación de las personas periodistas, la violencia y la impunidad son una de las afectaciones más graves del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, informó a la CIDH denuncias de amenazas, agresiones físicas, atentados armados y hostigamiento, sobre todo contra quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y minesos. La CIDH fue informada del temor de la prensa de abordar este tipo de temas por la conflictividad qu’implica. También se conoció del desinterés de las autoridades estatales para prevenir la violencia, investigar los delitos contra los periodistas y protegerlos ante los riesgos derivados de su trabajo. “Fueron constantes las alegaciones de que las instituciones no estarían cumpliendo con sus obligaciones de manera oportuna, completa, efectiva e imparcial”, señala el informe de la misión de la CIDH.
El hueso delitos contra el honor Criminalizado en el actual Código Penal son también una preocupación para la CIDH en vista que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión. También fueron consignadas denuncias sobre limitaciones para el acceso a fuentes políticas y para la cobertura de actos públicos y conferencias de prensa de forma discrecional.
“Según fue señalado, algunas instituciones como el Congreso y la Casa Presidente estarían negando selectivamente las acreditaciones de presa a ciertos medios de comunicación con base en su línea editorial. Por su parte, el decreto PCM-023-2022 genera preguntas y abre un margen de incertidumbre frente a los impactos que podría tener para la libertad de expresión, al crear en el ámbito ejecutivo una Dirección General de Información y Prensa con atribuciones amplias”, detalle que informa.
Asimismo, la relatoría para la libertad de expresión recibió “numerosos testimonios sobre el aumento de discursos estigmatizantes de funcionarios públicos y líderes políticos en contra de la prensa que investiga e informa de manera crítica sobre las políticas gubernamentales. La relatoría pudo observar que este conjunto de factores ha propiciado la autocensura entre periodistas y comunicadores.
En el amplio uso dedicado en su informa al tema de los periodistas, la libertad de expresión y el acceso a la información, se resaltan avances como la derogación de la Ley de Secretos y los informes del IAIP sobrio cumplimiento de las instituciones obligadas en difundir información pública, no obstante, la misión y la relatoría tuvieron conocimiento de que muchas de las solicitudes de la ciudadanía son respondidas fuera de plazo, o que la información aportada no es completa y no cumple con los requisitos de calidad que exigen los estándares internacionales en la materia
En el documento, pasa sobrio el delgado hilo en que transita la libertad de expresión en Honduras, para denunciar que el país sufrió un proceso de fractura social que deben ser tramitados democráticamente y exige garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señala , tras abogar por espacios para un debate público abierto y desinhibido sobre asuntos de interés público, en donde prevalezcan la tolerancia y la interacción democrática con la crítica. Esto, asegura, requiere múltiples espacios y diversos en dar las voces institucionales que participan en el debate «deberes especiales de cuidado a fin de que sus expresiones no generen presión lesiva en los derechos de las personas que contribuyen a la deliberación pública».
RSF y su informa demoledor
El último informe de Reporteros sin Fronteras indica que Honduras ha caído nuevamente cuatro escalones en el ranking de libertad de expresión, en tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierta de los riesgos que enfrenta la prensa y los periodistas en el país, mientras una resolución del Consejo de Defensa y Seguridad, avalada en el gabinete ampliado de gobierno, ha tratado de criminalizar la protesta que la suya es la base de un Código Penal que no terminará siendo derogado ni reformado como prometieron en campaña las autoridades actuales.
Honduras pasó en la medición de Reporteros sin Fronteras (RSF) del puesto 165 de 180 países en 2022, al puesto 169 de 180 países en 2023, es decir, cayó cuatro escalones y lo convierte en un pays de alto riesgo para el ejercicio del periodismo .
Las elecciones presidenciales de 2021 diéron la Victoria a la candidata de la opositora de izquierda Xiomara Castro (Partido Libre), poniendo fin a más de una década en el poder del Partido Nacional, después de tres mandatos presidenciales. La llegada al poder de la primera mujer presidenta próximamente muchas expectativas por su agenda de derechos humanos, señala RSF.
“No obstante, los periodistas se enfrentan a desafíos similares a los que encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrados de los nuevos funcionarios, el rechazo al acceso a las informativas a periodistas no multas al gobierno y la falta de protección contra las amenazas. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos liberticidas, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión”, señala.
“Estos cambios también surgen a toda la cadena informativa, al imponer multas y prisión no sólo a periodistas, sino a quienes reproducen sus escritos. El código viola los estándares internacionales de derechos humanos y constituye una amenaza para la libertad de prensa”, apunta la organización internacional.
De acuerdo con RSF, «la prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década», y el país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en tomarlo.
Un clima que se ve más densamente, luego de la denuncia de los periodistas sampedranos ante el Ministerio Público por las amenazas a muerte en contra de dos de sus integrantes, al grado que uno de ellos tuvo que ser llevado ante una casa de seguridad proporcionada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dado la gravedad de las intimidaciones y amenazas a muerte. (PD)