El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha impuesto una multa de 90.6 millones de dólares a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles en México, por prácticas que limitan la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la compañía incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores con el objetivo de bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT detalló que Telcel otorgó descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando la venta de paquetes de celulares a que no se comercializaran productos de otras empresas competidoras. Esta estrategia, señala el regulador, perjudicó los derechos de los consumidores al restringir su capacidad para elegir entre diferentes opciones de servicios de telefonía móvil.
La investigación que llevó a esta sanción comenzó en enero de 2021, y culminó con un Dictamen de Probable Responsabilidad a finales del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta resolución y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado su intención de apelar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se realizó la investigación, argumentando que las afirmaciones en su contra se basan en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil en México, operando aproximadamente el 58.7% de las 142.7 millones de líneas móviles registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos de 62,673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69.1%.
El IFT ha resaltado la importancia de los organismos reguladores para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción subraya el papel crucial que desempeñan estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en México, especialmente en un contexto en el que se discute la posible reforma que busca desarticular a órganos autónomos, incluyendo el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un gasto innecesario para el gobierno. Según el mandatario, estas entidades no cumplen adecuadamente con su propósito, habiendo recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que esto podría significar un retroceso para las industrias reguladas y afectar las políticas establecidas en tratados comerciales como el T-MEC. A pesar de que los promotores de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó la normativa en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o extinción del IFT dependerá de la próxima Legislatura, que inició sus funciones el 1 de septiembre. Con una mayoría calificada asegurada por el oficialismo, la situación del IFT y de otros órganos autónomos está en un punto crítico.