Tegucigalpa – Uno de los siete móviles hospitales que Honduras entendió durante la pandemia será adecuado para atender privados de libertad que resulten heridos en reyertas.
Así lo informó este sábado la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, quien detalla que la Secretaría de Salud ha realizado el traslado de administración del hospital móvil que se encuentra en Danlí, El Paraíso.
Cabe señalar que Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) pagó por los finales de abril de 2020, 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras) a través del intermediario guatemalteco Axel López, en una dudosa transacciones catalogada de corrupción por entes civiles, que investigaron los procesos e igualmente lo hizo el Ministerio Público que ha desarrollado en el caso varias líneas de investigación.
El pago se realiza por la compra de siete hospitales móviles, de los cuales solo dos llegaron a funcionar a medios, el resto nunca se presentó ya que no contaban con los requisitos necesarios para habilitarlos como centros de emergencia durante la pandemia.
Sin embargo, uno de estos hospitales se destinará a la atención de privados de libertad que resulten en heridos de reyertas o que requieran atención primaria, apuntó la también interventora del sistema carcelario del país.
Aún se estudió si el hospital móvil se ubicará en la Penitenciaría Nacional de Támara o en la prisión de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo, indicó la funcionaria.
Sin embargo queda claro que se destinará a la atención de personas privadas de libertad.
Aunque su función será tender a heridos de las reyertas, se espera que poco a poco ya no exista este tipo de enfrentamientos en el país, zanjó.
Cabe señalar que solo el hospital modular de San Pedro Sula opera normalmente; el de Tegucigalpa lo hace en forma parcial y solo atiende pacientes leves, mientras cinco más esperan que los echen a andar.
Las dudas sobre estas adquisiciones generaron que en abril del 2020 el Ministerio Público iniciará procesos de investigación.
Según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras fuentes, en la compra de los siete hospitales móviles hubo corrupción. (O)
