La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado un ambicioso “mega plan” en cadena nacional, que incluye al menos 14 medidas diseñadas para enfrentar la creciente ola delictiva que afecta al país. Este plan, desarrollado junto al Consejo de Defensa y Seguridad que Castro preside, busca implementar “acciones radicales del plan de solución contra el crimen”.
Durante su intervención, la mandataria hizo un llamado a todos los operadores de justicia para que “de inmediato planifiquen y ejecuten intervenciones en los municipios con mayor incidencia delictiva”. Los delitos que se abordarán incluyen el sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos, actividades que, según Castro, son perpetradas por “maras, pandillas y bandas del crimen organizado”.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que se ha ordenado la captura inmediata de los líderes y miembros de estas estructuras criminales. Esta medida busca desarticular las organizaciones que han sembrado el miedo en muchas comunidades hondureñas.
Una de las propuestas más destacadas del plan es la construcción inmediata de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. Este nuevo centro, que tendrá capacidad para 20,000 personas, se utilizará para trasladar a los reclusos de otros centros que han sido procesados por los delitos mencionados. Además, se planea la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, en el mar Caribe hondureño, con el objetivo de reforzar el sistema penitenciario del país.
Para llevar a cabo estas medidas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que se requerirán reformas al Código Penal. Se propondrá calificar como “terroristas” a los miembros de maras y pandillas que cometan delitos graves. Estas reformas también incluirán el aumento de las penas para quienes atenten contra la vida y la integridad de los operadores de seguridad y justicia.
Redondo también mencionó que el Congreso someterá a discusión leyes para regular la venta de tarjetas SIM de teléfonos celulares y reformará la ley del Banco Central. Estas acciones tienen como objetivo controlar las transacciones electrónicas que a menudo se utilizan en actividades delictivas como la extorsión.
Otra de las medidas contempladas es la implementación de brazaletes electrónicos y otros dispositivos técnicos para la supervisión de procesados que gocen de libertad condicional. Esta estrategia busca mejorar el monitoreo y control de los individuos en libertad condicional, aumentando así la seguridad pública.
A pesar de la magnitud de estas medidas, hasta el momento no ha habido pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos o ambientales sobre las acciones anunciadas por el gobierno. La falta de comentarios podría reflejar la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cabe recordar que en noviembre de 2022, la presidenta Castro ya había declarado una emergencia nacional en seguridad, dando inicio a lo que denominó una “guerra contra la extorsión”. Esta declaración se produjo en un contexto de crisis de seguridad, marcada por eventos trágicos como la revuelta carcelaria que dejó 46 mujeres muertas.
El nuevo “mega plan” representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno de Honduras para abordar la creciente violencia y criminalidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de estas medidas y de la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo que requiere no solo acciones contundentes, sino también un enfoque integral que atienda las causas subyacentes de la violencia en el país.