El Gobierno de Honduras sorprendió esta semana al anunciar su intención de poner fin al tratado de extradición firmado con Estados Unidos el 15 de enero de 1912. Este acuerdo, vigente durante más de un siglo, ha sido fundamental en la colaboración entre ambos países en temas relacionados con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. La noticia fue comunicada por el canciller Enrique Reina, quien afirmó que esta decisión responde a instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro.
El anuncio se dio a conocer tras una publicación de Castro en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), donde ordenó que el tratado se denunciara formalmente. Según la mandataria, esta medida está respaldada por la Constitución de Honduras y los tratados internacionales. Además, justificó su decisión señalando una supuesta injerencia e intervencionismo por parte del Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de intentar influir en la política interna hondureña a través de su Embajada y otros representantes diplomáticos en Tegucigalpa.
Las tensiones entre ambos países se intensificaron luego de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, emitiera declaraciones críticas tras una visita reciente a Venezuela realizada por altos funcionarios hondureños. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández Aguilar. Durante su visita, los funcionarios hondureños se reunieron con Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano, quien ha sido acusado por Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico desde 2019.
La embajadora Dogu expresó su sorpresa al ver a representantes del Gobierno hondureño reunidos con un funcionario vinculado a actividades ilícitas según las acusaciones estadounidenses. En sus palabras, señaló: «Fue sorprendente para mí ver funcionarios de este Gobierno sentados con miembros de un cartel». Estas declaraciones intensificaron las críticas hacia la administración de Castro, quien ha insistido en su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha negado rotundamente cualquier vínculo con actividades de narcotráfico y ha reiterado sus esfuerzos en la lucha contra este flagelo. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial por parte del Ministerio Público venezolano respecto a estas acusaciones.
En Honduras, el anuncio de Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición ha generado un intenso debate. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la medida como un acto intolerante que podría favorecer la impunidad en casos de narcotráfico. Según Barrientos, la denuncia del tratado no es suficiente por sí sola para que este deje de tener efecto. Explicó que, para concretar esta decisión, el asunto deberá ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional, donde se necesita una mayoría calificada para reformar la Constitución y modificar el marco legal relacionado con la extradición.
Actualmente, el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) cuenta con 54 diputados de los 128 que conforman el Congreso, lo que lo deja lejos de los 86 votos necesarios para aprobar cualquier resolución de este tipo. Esto complica las posibilidades de que el tratado sea derogado de manera inmediata, lo que podría mantener vigente el acuerdo por el momento.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia. Aunque se firmó en 1909, no entró en vigor hasta 1912. En 2013, se modificó para incluir la extradición de ciudadanos hondureños acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, lo que marcó un hito en la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, Honduras ha extraditado a 43 hondureños por este tipo de delitos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Este caso ha sido uno de los más emblemáticos en la historia reciente de Honduras. Durante el juicio de Hernández, surgieron señalamientos contra otros exfuncionarios y expresidentes, como Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, así como contra Carlos Zelaya, actual diputado y secretario del Congreso Nacional. En agosto, el fiscal general Johel Zelaya anunció que convocaría a declarar a todos los hondureños mencionados en el proceso judicial contra Hernández en Estados Unidos, lo que ha generado expectativas sobre posibles investigaciones adicionales.
La decisión de revisar el tratado de extradición también ha generado reacciones internacionales. CNN ha solicitado comentarios tanto a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa como al Departamento de Estado para conocer su postura frente a este anuncio, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial.
A nivel interno, el debate sobre la extradición toca un tema particularmente sensible para Honduras, un país que ha enfrentado durante años el impacto del narcotráfico y la corrupción. El tratado de extradición ha sido una herramienta clave para combatir estas problemáticas, pero su posible derogación plantea interrogantes sobre cómo el Gobierno de Xiomara Castro planea abordar estos desafíos en el futuro.
Mientras tanto, los analistas políticos señalan que la denuncia del tratado podría tener implicaciones tanto diplomáticas como económicas. La relación entre Honduras y Estados Unidos ha sido históricamente estrecha, con cooperación en áreas como seguridad, comercio y asistencia humanitaria. Una ruptura en este ámbito podría afectar la percepción internacional del país y generar tensiones adicionales en un momento en que la región enfrenta desafíos comunes en temas de gobernabilidad, desarrollo y lucha contra el crimen organizado.
En conclusión, la decisión del Gobierno de Honduras de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos representa un momento crítico en las relaciones bilaterales entre ambos países. Aunque la denuncia del acuerdo aún no se ha concretado, el debate que ha generado refleja profundas divisiones sobre cómo abordar los problemas estructurales que afectan a la nación. Por ahora, el futuro del tratado, y su impacto en la lucha contra el narcotráfico, sigue siendo incierto.