TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado hondureño Miguel Ángel Gámez fue capturado en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, informó este sábado a través de X (antes Twitter) el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Poco después agregó que el exparlamentario se defenderá en libertad, ya que días atrás se presentó voluntariamente al conocer que era requerido por la justicia.
Ante la confusión, la abogada defensora, Doris Madrid, aclaró a través de un acta que demuestra que Gámez se presentó voluntariamente el pasado jueves -28 de diciembre- en el que se le impusieron medidas cautelares menos gravosas.
“Fue una confusión entre los propios policías, pero el juez ya se comunicó con los policías indicando que otorgaba medidas cautelares distintas a la detención judicial”, afirmó la abogada Doris Madrid.
Asimismo, el ministro Sánchez aclaró que “ya se presentó voluntariamente al juzgado en cuestión el exdiputado Gámez, quien dictó contraorden a su detención, para que se diera su libertad. Situación que no fue notificada a @PoliciaHonduras. Investigaremos si hay más contraórdenes para retirar equipos”, añadió.
En ese sentido, el exdiputado permanece en libertad mientras avanza el proceso por el que está acusado. Sin embargo, deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de medidas semanalmente a partir del viernes 5 de enero de 2024.
Planchón policial
Fue una falta de comunicación efectiva al interior de la Policía Nacional lo que llevó este día al Ministro de Seguridad a informar sobre la captura que en realidad nunca se produjo, ya que los imputados llegaron voluntariamente.
La confusión en la Secretaría de Seguridad quedó en evidencia cuando el propio ministro aclaró minutos después que existía orden y contraorden de detención en el caso de un exdiputado y que no le confirmaron que, más bien, el imputado ya tenía medidas.
Acusaciones
A Gámez se le acusa del delito de estafa en perjuicio de la Administración Pública, dictado por un tribunal de Jurisdicción Nacional.
El imputado fue identificado recientemente en las investigaciones del Ministerio Público por el manejo de más de 42 millones de lempiras del Fondo Departamental.
El exdiputado fue nombrado junto a los exlegisladores Sara Medina y Carlos Guevara, además de Giovanni Castellano Deras, Gladys Bernarda Casco y Freddy Mondragón.
Fueron acusados de retirar fondos del Congreso Nacional con el supuesto fin de realizar proyectos de desarrollo social y comunitario, obras que nunca se realizaron y al final el dinero regresó a las cuentas privadas de los diputados, en los periodos legislativos 2006-2010. y 2010-2014.
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