Un empleado y un empresario del transporte interurbano fueron asesinados a balazos en distintos asaltos ocurridos en la mañana de ayer, uno en Cofradía, Cortés y otro en Marale, Francisco Morazán.
El primer crimen fue contra un ayudante de bus identificado únicamente como “El Apóstol”, en el sector El Palmar de Cofradía, en la ruta del norte de Honduras hacia el occidente.
La víctima trabajaba para la empresa de transporte “Copanecos”, que cubre la ruta San Pedro Sula-Santa Rosa de Copán y viceversa. Se informó que en horas de la mañana los asaltantes ingresaron a la unidad y el asistente inmediatamente intentó impedir el crimen, sin embargo, recibió tres disparos que le quitaron la vida.
“El Apóstol” vivía en la colonia Brisas del Valle, muy cerca de donde ocurrió el homicidio. Los delincuentes abordaron el bus en el sector La Lempira a pocos metros de la terminal. Las explosiones provocaron pánico entre los pasajeros que huyeron despavoridos en busca de un lugar seguro.
Resultó que el joven asistente había sobrevivido milagrosamente a un reciente ataque criminal.
En un segundo incidente violento casi al mismo tiempo, pero en Marale, extremo norte de Francisco Morazán, delincuentes armados también mataron a Ever Barahona (42), dueño de la empresa “Nahomy” que cubre la ruta a San Pedro Sula y también con tours. a Tegucigalpa.
La acción criminal se produjo cuando uno de los buses de esa empresa transitaba sobre el puente sobre el río Siguapa entre Marale y Sulaco Yoro. Barahona era originario de Yoculateca, San Ignacio, pero había fijado su domicilio en Marale.
Barahona fue sacado de la unidad por hombres armados que le ordenaron recostarse boca abajo contra el pasto de un camino, donde las balas lo impactaron sin piedad en la parte posterior del cuerpo, especialmente en la cabeza.
Miembros de la afligida familia exigieron justicia y que el crimen no quede impune. La muerte se atribuye a presuntos extorsionadores que operan en ese corredor, donde exigen grandes sumas de dinero a los transportistas.
Un promedio de 10 personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
DATOS
Un promedio de 50 transportistas, entre recolectores, despachadores, conductores de autobuses, taxis y mototaxistas, han perdido la vida de manera violenta a nivel nacional, según registros del sector, a pesar del estado de emergencia implementado en Honduras desde el 6 de diciembre del año pasado.
Urge una política integral contra la delincuencia
La titular de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, recomendó a las autoridades hondureñas adoptar una política integral que ofrezca soluciones duraderas y estructurales al problema de la violencia.
Es necesario que las autoridades hondureñas tomen decisiones excepcionales, enmarcadas en el respeto a los derechos humanos, para controlar las manifestaciones de violencia, extorsión y muertes múltiples, que dejan luto y dolor en miles de familias hondureñas, afirmó.
Indicó que, para abordar las causas de la violencia criminal, que afectan a las personas a nivel nacional, se deben tomar medidas para combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad, la discriminación y abrir nuevas oportunidades de empleo para que la población pueda vivir. dignamente.
POR AMENAZAS DE MUERTE
Crece la migración a EE.UU. de conductores y cobradores
Miles de operadores y empresarios del sector transporte han tenido que abandonar Honduras por amenazas de grupos criminales, lamentó el dirigente del transporte, Marvin Galo.
“Empleados del transporte y empresarios han tenido que abandonar el país debido a amenazas contra sus vidas derivadas de grupos criminales que se dedican a la extorsión”, anotó.
Muchos de estos empleados y líderes permanecen asilados en Estados Unidos y otros países de la región.
Galo destacó que este problema no se presenta desde este ni el año pasado, es algo que enfrentan desde hace más de una década debido a la práctica inacción de las fuerzas de seguridad para poner fin al flagelo.
El transporte público en el Distrito Central y San Pedro Sula paga más de 250 millones de lempiras por el llamado “impuesto de guerra”, una tarifa que exigen los grupos criminales para poder operar sin problemas.
Por su parte, el empresario Gerardo Aguilar aceptó que existen extorsionadores de todos los niveles desde un asistente, un motorista y hasta un dirigente.
Un total de 31 transportistas han muerto violentamente en lo que va de 2023, según datos oficiales. Marvin Galo agregó que, del 100 por ciento de los casos vinculados a extorsión, el 90 por ciento no han sido judicializados.