Quito– La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador tuvo este martes llevó a cabo un juicio político de censura al presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, acusado por la oposición de presunto peculado (malversación) en empresas públicas.

Con el voto de 88 legisladores, 116 presentes, 23 contra 5 abstenciones, aprobó la moción presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lideró el expresidente progresista Rafael Correa (2007-17).

Con esa votación, el pleno de la Asamblea resolvió «enjuiciar políticamente al Presidente de la República» por la «infracción constitucional de peculado», admitido a trámite por la Corte Constitucional».

La resolución se logra con el concurso de varios grupos políticos, sobre todo del opositor UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independentes.

Según la acusación descrita en la resolución legislativa, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con empresas privadas, como Amazonas Tanker, con la tensión de relación contractual por el transporte de crudo .

De acuerdo a Veloz, el presidente Lasso, junto a su delegado, Hernán Luque, “definiremos la continuación de los contratos de transporte de petróleo a favor de terceros, conscientes de que los mismos representan una pérdida para el Estado”.

Asimismo, asegura que Lasso «conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec» y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.

El Artículo 2 de la resolución parlamentaria establece que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, “sigue actuando de inmediato con la tramitación del proceso de juicio político” contra Lasso, para lo cual debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.

También disponible para notificar al Presidente Lasso “con la presente resolución” y para discutir “el expediente íntegro de este proceso”.

La resolución de la mayoría legislativa se reflejará en una controversia sobre el proceso de revisión de la propuesta de juicio político, que comenzó con la admisión a trámite por el presunto delito de peculado, calificado por la Corte Constitucional, que sin embargo se desecho en el trámite otras causas como conmoción cerebral, cohecho y enriquecimiento ilícito. JS