La Fiscalía General de la Nación comunicó que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay será examinado como un crimen de lesa humanidad, asegurando que el caso no caduque y siga en curso hasta aclarar todas las implicaciones. Esta resolución representa un punto crucial en la investigación, aumentando la seriedad del asunto y situándolo al mismo nivel que otros magnicidios históricos en Colombia.
El homicidio de Uribe Turbay, ocurrido durante un atentado dirigido contra el líder político del Centro Democrático, fue calificado por las autoridades judiciales como un ataque sistemático, con motivaciones políticas y no como un hecho aislado. Esta categorización implica que la investigación y las eventuales sanciones legales no tienen límite de tiempo, lo que asegura un seguimiento permanente hasta el total esclarecimiento del crimen.
Información sobre los acusados y el progreso del juicio
Hasta este punto, la Fiscalía ha llevado a juicio a cuatro personas relacionadas con el asesinato, bajo la acusación de homicidio agravado. Entre los implicados está alias “el Costeño”, acusado de ser el autor intelectual del crimen; alias “Claro”; alias “Andrea” o “Gabriela”, quien supuestamente suministró el arma al joven sicario; y Cristian Camilo González, quien manejó la moto utilizada para huir después del ataque. Además, William Fernando González, conocido como “el Hermano”, ha sido formalmente acusado por su implicación en el atentado.
Dos de los detenidos enfrentan cargos adicionales por concierto para delinquir, por presunta organización previa del crimen. Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión, reflejando la gravedad de los hechos. Las autoridades continúan investigando quién ordenó el atentado, mientras la sociedad colombiana exige justicia y esclarecimiento total.
Crimen de lesa humanidad: definición y alcance en Colombia
En Colombia, un crimen de lesa humanidad se define como una conducta grave cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil. Estos delitos incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y persecuciones por razones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas o de género.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Colombia es parte, sustenta la definición y establece que estos crímenes no prescriben, permitiendo que los responsables sean investigados y juzgados sin límite de tiempo. La característica fundamental es que los actos sean parte de un patrón planificado y sistemático, dirigido contra civiles, sin importar la existencia de conflictos armados o guerra.
Señales distintivas entre un crimen de lesa humanidad y un homicidio común
Los expertos destacan tres criterios esenciales para identificar un crimen de lesa humanidad:
- Contexto: estos eventos suceden como parte de un ataque generalizado o coordinado en contra de una comunidad civil. No se trata de eventos aislados o accidentales.
- Magnitud: abarcan diversas y serias violaciones, tales como ejecuciones masivas, torturas o desapariciones forzadas, provocando impactos significativos en la sociedad.
- Intención: tienen el objetivo de perjudicar intencionalmente a un determinado grupo, motivados por razones políticas, ideológicas, étnicas, religiosas o de persecución. En el caso de Uribe Turbay, es un ataque directo contra dirigentes y seguidores de un partido político, con la intención de desestabilizar su representación y causar temor entre la comunidad afín.
Aspectos legales y normativos
El hecho de clasificar este asesinato como un crimen de lesa humanidad incrementa su importancia en comparación con otros asesinatos de gran magnitud sucedidos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos casos legales se prolongaron por muchos años. La Fiscalía resalta que esta clasificación garantiza que las indagaciones sigan vigentes, preservando la demanda de justicia ante la comunidad.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, señaló que “este no fue un ataque aislado, sino sistemático contra un líder de la oposición, con implicaciones políticas directas que buscaban afectar a un partido entero”. Esta perspectiva refuerza la gravedad del caso y subraya la necesidad de esclarecer las responsabilidades de todos los implicados y de quienes ordenaron el crimen.
