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Extensión del TPS en USA: declaración de la presidenta Castro sobre hondureños

El gobierno de Honduras expresó su conformidad con la resolución judicial de Estados Unidos que prolonga hasta el 18 de noviembre de 2025 el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños que residen en ese país. Esta acción alivia a más de 60 mil personas que se han beneficiado de este plan migratorio, en funcionamiento desde 1999 tras el impacto destructivo del huracán Mitch.

La presidenta Xiomara Castro describió la decisión como un progreso significativo y reafirmó la dedicación de su gobierno a proteger los derechos de los ciudadanos que han establecido sus vidas fuera del país. En una comunicación emitida por sus medios oficiales, la mandataria destacó que este fallo judicial detiene, al menos por ahora, «una expulsión masiva» que habría sido un «grave golpe» para innumerables familias hondureñas.

Desde el inicio de su mandato, el Ejecutivo hondureño ha procurado fortalecer los vínculos con la comunidad migrante y ha priorizado, dentro de su política exterior, la protección de los derechos de quienes viven fuera del país. La presidenta anunció que se han girado instrucciones a la Cancillería para intensificar la asistencia jurídica y consular a los beneficiarios del TPS y continuar con una estrategia diplomática que permita defender su permanencia legal en Estados Unidos.

El TPS es un mecanismo migratorio que otorga permisos temporales de trabajo y residencia a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro. En el caso de Honduras, esta figura ha permitido que miles de ciudadanos permanezcan legalmente en territorio estadounidense durante más de dos décadas.

La reciente resolución de un tribunal federal ubicado en el norte de California suspende las iniciativas de anular este estatus que habían promovido administraciones previas. Aunque se ha otorgado una prórroga, el destino del TPS se mantiene como incierto, y tanto las asociaciones de migrantes como el gobierno de Honduras consideran prioritario avanzar hacia una solución duradera que aporte seguridad a aquellos que han residido durante años en ese país.

El anuncio de la extensión del programa fue recibido con alivio por parte de las familias beneficiadas, muchas de las cuales enfrentaban el riesgo de deportación, pese a haber construido redes laborales, educativas y familiares sólidas en Estados Unidos. Varios expertos advierten que una cancelación abrupta del TPS podría tener consecuencias humanitarias severas y desatar un impacto económico significativo, tanto en las comunidades de origen como en las de destino.

El gobierno hondureño ha insistido en la necesidad de mantener una relación constructiva y de respeto con Estados Unidos, basada en la cooperación y en el cumplimiento de compromisos bilaterales en temas migratorios. En este marco, se ha intensificado el trabajo de las representaciones consulares para ofrecer orientación legal, recopilar datos actualizados de los migrantes y promover iniciativas que visibilicen su aporte a la economía y a la sociedad estadounidense.

Además de las medidas urgentes, la gestión de Castro ha destacado la relevancia de mantener una conversación más amplia con los representantes estadounidenses, con el fin de crear rutas hacia la legalización permanente de los beneficiarios del TPS, además de reforzar las estrategias que aborden las causas fundamentales de la migración.

El asunto de la migración sigue siendo uno de los retos más importantes para Honduras, una nación que ha dependido históricamente de las remesas familiares que sus ciudadanos envían desde el extranjero. En este escenario, la prolongación del TPS no solo supone un alivio en términos humanitarios, sino también un impulso económico que ayuda a la estabilidad macroeconómica de la nación.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se reiteró el compromiso de “no dejar solos” a los migrantes y de continuar en todos los frentes, legales y diplomáticos, con la defensa de sus derechos y la búsqueda de soluciones sostenibles que reconozcan su condición y sus aportes a las sociedades donde hoy viven.

Por Edwin Soliz Vaca

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