San Salvador – El Salvador ingresó por primera vez a la lista del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) sobre crisis humanitarios más desatendidas del mundo, ocupando el noveno lugar, de acuerdo con un comunicado de la ONG difundido es jueves.

En la lista aparecen Colombia -también por primera vez- y Venezuela.

La fuente afirmó que “la falla financiera es la principal razón para incluir a Colombia y El Salvador en esta alarmante clasificación, ya que las crisis prolongadas en Venezuela tendrán un impacto en la población”.

El Salvador, que ocupa el noveno lugar de la lista, “también se enfrenta a una grave crisis humanitaria que permanece relativamente desapercibida en todo el mundo”, apunta.

Al igual que sus vecinos Guatemala y Honduras, señala, “la violencia persistente, los eventos recurrentes y extremos climáticos y la pobreza y la desigualdad generalizadas causan la acción humanitaria en El Salvador”.

«A pesar de ello y de la situación en Centroamérica, el mundo sigue mirando hacia otro lado, como lo ejemplifica la financiación de los donantes internacionales que apenas aportaron el 27% de los recursos humanitarios necesarios para El Salvador en 2022, lo que convierte a esta crisis en una de las situaciones con menor financiación del mundo”, reveló.

Tanto Colombia como El Salvador son nuevos en la lista de 2022, nunca antes habían sido incluidos en ella, agrega.

La lista completa en su orden es: Burkina Faso, República Democrática del Congo, Colombia, Sudán, Venezuela, Burundi, Camerún, Mali, El Salvador y Etiopía.

Tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos registraron y atendieron a más de 2,200 víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia social en El Salvador en los últimos tres años, según datos de las entidades brindados en febrero pasado.

El Salvador se encuentra a fines de marzo de 2021 bajo un régimen de excepción, que suspende varios derechos constitucionales.

Las organizaciones exigen al Estado que “se articulen las instituciones legalmente competentes para la aplicación de la ley” y “coordinen acciones para garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, prevenir más casos y propiciar las condiciones para sancionar a los victimarios, quienes en la mayoría de las ocasiones quedan impunes”.

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