Quito.- La Asamblea Nacional del Ecuador inicia la recepción de testimonios en el marco del juicio político contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de peculado (malversación).
En esta primera sesión de cotejo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea acudieron un exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, y un exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.
Un veterano de la petrolera estatal Petroecudor, Hugo Aguiar, y el periodista Andersson Boscán (quien desglosó información sobre supuesta corrupción en el Gobierno desde el medio digital La Posta) se disculpan por comparar este martes con la audiencia parlamentaria.
El proceso se sustentó en la presunta corrupción cometida en los contratos de la empresa Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) con la firma Amazonas Tanquer y la supuesta participación de un delegado presidencial en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
The session tuvo un comienzo agitado luego de que asambleístas opositores llamen a la conducción por parte del jefe de dicha Comisión, Fernando Villavicencio, asambleísta independiente afín al oficialismo, que tuvo que ceder la dirección a la colega oficialista Ana Belén Cordero.
Ya en su comparecencia, Verdesoto, que renunció como secretario Anticorrupción enero pasado, tras ocho meses en el cargo, se ratificó en los términos por los que dimitió.
El exsecretario insistió en que se comunicó con su año pasado al presidente Lasso sobre sus spechas de posible corrupción en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y en la naviera estatal Flopec, asunto qu’insistió en la carte de renuncia.
Aunque aclaró que su unidad no investigó casos concretos de corrupción, si supo de algunos hechos que valieron de insumos para elaborar a informa que entregó al presidente Lasso ya otras autoridades, en el qu’estrategias strateggias para prévenirlos.
De su lado, el exsecretario jurídico de la Presidencia Fabián Pozo aseguró que el juicio es “injusto”, pues al presidente Lasso se le acusa por un contrato que suscribió en 2018 y reformó en 2020, antes de que el juicio el poder en mayo de 2021.
Según Pozo, no hay ningún precepto para que “este juicio proceda” y dijo que las bases sobre las cuales la oposición busca censurar al presidente Lasso son falsas.
Tras la conducción de Pedro Velasco, la Comisión de Fiscalización dio por clausurada la sesión y convocada para seguir con la recepción de testimonios en un proceso que tomará unos diez días.
Se espera que más de medio siglo de personas, entre funcionarios, exautoridades y expertos, entre otros, asistan a las comparaciones y que se presente en unas sesenta pruebas de cargo y de uncargo.
El período de la prueba permitirá a la Comisión de Fiscalización elaborar un informe en el que recomendará o no seguir con el juicio político.
El pleno de la Asamblea Nacional revisará e informará y, de ser el caso, seguirá con el juicio político que podría concluir con la censura de Lasso, en cuyo caso lo lo sucederá su vicepresidente, Alfredo Borrero.
No obstante, Lasso podría echar mano de la llamada “muerte cruzada”, establecida en la Constitución, por la que podría disolver la Asamblea Nacional, gobernar por decreto y convocar a elecciones anticipadas. EFE
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