La mayoría de los países desarrollados han eliminado el impuesto sobre activos netos. Sin embargo, en España, este impuesto sigue vigente y es el más alto, con una carga fiscal que puede llegar hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, solo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque con tasas mucho más bajas que las de España.
Según datos de la OCDE, en España, el impuesto sobre el patrimonio es progresivo y varía desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para bienes que superan los 700.000 euros.
Además, en 2022, el gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto sobre el patrimonio que aplica entre el 1,7% y el 3,5% a personas con activos superiores a los tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes españoles con bienes en el extranjero, mientras que los bienes ubicados en España están sujetos al impuesto incluso si el propietario no reside en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para personas con activos superiores a 150.000 euros, destinándose 0,7% a los municipios y 0,3% al gobierno central. Para activos que superan los 1,74 millones de euros, la tasa se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a activos nacionales como a ciertos activos en el extranjero.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España hacen un esfuerzo fiscal mayor que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita suizo es el triple del español, y el noruego es 2,5 veces mayor.
Los expertos consideran que este tipo de impuestos es ineficiente, y por ello muchos países desarrollados han optado por eliminarlos. Según la OCDE, en 2022, el impuesto sobre el patrimonio en España representó el 0,54% de los ingresos fiscales totales, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% de los ingresos fiscales totales, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales por este impuesto representaron el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos impuestos generan pocos ingresos, grandes costos administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache, en un artículo para el think tank Tax Foundation, explica que estos impuestos son ineficaces debido a su mal diseño y altos costos de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de impuesto viola la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía han recurrido el «impuesto de solidaridad» de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.
El llamado «impuesto temporal de solidaridad», que grava activos superiores a tres millones de euros, se introdujo para contrarrestar la eliminación del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar ingresos fiscales perdidos.
Como respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado su propio impuesto sobre el patrimonio, estableciendo un impuesto autonómico que compensa la diferencia con el impuesto de solidaridad estatal y ofreciendo una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también han elevado el umbral de exención a tres millones de euros, y Murcia lo ha subido a 3,7 millones de euros.