Tegucigalpa – El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica a una asociación de colaboradores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otras 21 ONG, incluidas 4 que solicitaron su disolución voluntaria.
La disolución de la Asociación de Excombatientes y Colaboradores del FSLN «Comandante Cesar Augusto Salinas Pinell», registrada el 20 de abril de 2015, fue aprobada por la ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel, según acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta , de Nicaragua.
Según Gobernación, esa asociación de sandinistas fue ilegalizada por incumplimiento, debido a que “no reportaron estados financieros del periodo 2015 a 2022”, y su junta directiva estaba vencida desde el febrero 8 de 2017.
Con el cierre de esas 22 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), suman al menos 3,348 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En general, la Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 18 ONG «por estar en abandono y tener entre 3 a 14 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan», y el resto por «disolución voluntaria».
ESTADO DECOMISARÁ BIENES
En cuanto a la liquidación del patrimonio de las organizaciones, Gobernación explica que se procederá de oficio a la Procuraduría General de la República con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nom del Estado de Nicaragua, excepto cuando se solicite la disolución voluntaria.
Entre las nuevas ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Nicaragüense de Hemofilia, Asociación Nicaragüense de Radiología e Imagen, Asociación de Acción Comunitaria y Esfuerzo, Asociación de Mujeres Trabajadoras del Sector Informal y Asociación Nicaragüense de Enfermos de Parkinson.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG utilizaron recursos de las donaciones que recibieron para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que se isallaron en abril de 2018.
Miles of Nicaraguans salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que lego resolvió en una demanda de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas abandonaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otras organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce «más de 300».
Los sandinistas han argumentado que la ilegalización de esas ONG formó parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7,227 que se encontraron registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua ha sufrido una crisis política y social desde entonces, que se ha centuado tras las controvertidas generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta , con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE
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