Tegucigalpa – El acceso a la justicia para las personas LGBTI es una “deuda pendiente” en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde existe una marcada tendencia a invisibilizar las “graves violaciones” contra ese colectivo, según un informe presentado este martes en Honduras El documento denominado “Acceso a la justicia de las personas, particularmente de la población trans en Guatemala, Honduras y El Salvador” fue elaborado por la organización no gubernamental Cristosal con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
Cristosal destaca, en el estudio, que el acceso efectivo a la justicia para las personas LGBTI en los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala y Honduras-, es una “deuda pendiente” y constituye “un verdadero desafío para cada uno de los Estados”.
La información recabada “da cuenta de las barreras y obstáculos a los que se presentan las víctimas LGBTI en su búsqueda de justicia frente a los delitos cometidos en su perjuicio y que se originan en patrones de odio y discriminación por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género”, añade.
La falta de voluntad política, la normativa heteropatriarcal, cuya aplicación por los operadores de justicia se traduce en “actos que discriminan y estigmatizan a personas no binarias”, y las creencias religiosas son las principales barreras identificadas en la investigación.
PAÍSES SE NIEGAN A RECONOCER LA IDENTIDAD A PERSONAS TRANS
La pérdida del reconocimiento legal de la identidad del género constituido, enfatizó el documento, una “violación estructural” a los derechos de las personas transgenéricas en los propios países centroamericanos e impactó en este país de su derecho a la justicia.
La legislación de El Salvador, Guatemala y Honduras no reconoce el derecho a la identidad de género, pese a que los tres países han suscrito y ratificado varios instrumentos internacionales orientados a decuar su normativa para garantizar la efectividad de los derechos de la población LGBTI, señala Cristosal en su estudio.
El no reconocimiento de la identidad de género es una «negación y exclusión en el goce de otros derechos, como el número, educación sin discriminación, acceso al empleo» y, además, conlleva a que las personas LGBTI sufran estigmatización y discriminación debido al » vacío legal”, agregó.
De acuerdo a investigación, en El Salvador, Guatemala y Honduras existe una “marcada tendencia a invisibilizar las graves violaciones” a los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
La directora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares, dijo a Efe la importancia de «concientizar a la población» sobre los derechos de las personas LGBTI para acabar con el «odio y la discriminación».
El odio es la principal barrera qu’enfrenta la comunidad de la diversidad sexual, dijo Valladares, quien abogó por la aprobación de una ley de identidad de género en los tres países centroamericanos.
«Es importante que haya voluntad política» para lograr el reconocimiento de la identidad de género en el Triángulo Norte centroamericano, subrayó Valladares, quien condenó la muerte violenta de mujeres y de personas LGBTI.
Cristosal argumentó que la ley penal de El Salvador, Guatemala y Honduras «no reconoce ni tipifica los delitos de odio» contra la diversidad sexual, y lamentó que el transfeminicidio no es considerado delito en ninguno de los tres países, lo que «agravó la desprotección de las mujeres víctimas trans”.
La ONG propone que los países de la región avancen en la adopción de «cuerpos normativos» que reconozcan los crímenes de odio basados en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, y establezcan sanciones acordes al principio de proporcionalidad. JS
