Tegucigalpa – La organización Amnistía Internacional (AI) informó en su informe anual que los defensores de los derechos humanos en Honduras sufren “elevados” niveles de violencia y lamentaron que el país no se adhiera al Acuerdo de Escazú para proteger a los ambientalistas.
“Las personas defensoras de los derechos humanos sufrían elevados niveles de violencia y la mayoría de los ataques contra ellas permanecerían impunes”, confirmó AI.
Destacó que en junio pasado un tribunal hondureño condenó al militar David Castillo a 22 años de prisión por su participación en el asesinato en 2016 de la indígena lenca y defensora ambiental Berta Cáceres.
Sin embargo, agregó, «no se avanzó en lo referente a llevar ante la Justicia a quienes habían planeado el homicidio» de Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerlo de las constantes amenazas de muerte.
AI resaltó además la detención “arbitraria” por más dos años de ocho defensores que se opusieron a un proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
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Los defensores fueron puestos en libertad en febrero de 2022 tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se citaron “varias violaciones del derecho al debido proceso”.
Señaló que el Supremo hondureño también anuló los procesos penales contra otros cinco defensores del río Guapinol, cuyo conflicto se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Colón, por “la ilegalidad” de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares (antes Emco Mining Company), lo que la compañía ha rechazado.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y su coordinadora, Miriam Miranda, denunciaron haber sido objeto de “agresiones y nuevos procesos penales”, según el informe.
Lamenté que Honduras no esté adherido al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto ambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
Expresó su preocupación por que en Honduras “no seguariza el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas” para implementar propuestas de proyecto, de acuerdo con una iniciativa de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal.
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USO DE LA FUERZA
Además, AI cuestionó que ningún miembro de las fuerzas de seguridad enfrentó a la Justicia en Honduras por su presunta responsabilidad penal por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las protestas surgidas por un presunto fraude en las elecciones generales de 2017.
“No compare ante la Justice ningún miembro de los cuerpos de seguridad que habían utilizado fuerza excesiva contra manifestantes durante la represión de 2017”, enfatizó.
También mencionó la aprobación en febrero de 2022 por parte del Parlamento hondureño de una ley que contemplaba una «amnistía ampliada» para las personas acusadas por participar en las protestas posteriores al golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, y por defensor los territorios y el medioambiente.
Sin embargo, la preocupación tiene AI de que la amnistía se aplique también a los acusados de corrupción en el país centroamericano.
Millas de personas abandonan el país por la violencia, la impunidad, la crisis climática, la pobreza y la desigualdad, dijo el informa AI.
La impunidad es uno de los flagelos que en gran medida provocó altos niveles de pobreza en Honduras, dando a más del 70% de los 9.7 millones de habitantes sus pobres, según cifras oficiales. JS