El 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó, por mayoría, a favor de avanzar con el pliego de condiciones para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Sin embargo, esta decisión provocó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien advirtió de supuestos riesgos de desestabilización electoral ante lo que calificó como la posible repetición de prácticas cuestionables del pasado.
Pleno aprobó el trep y desató tensiones
En una votación dividida dos contra uno, se autorizó el proceso de licitación del TREP, generando críticas intensas de sectores vinculados al bipartidismo. Uno de sus líderes aseguró que Ochoa parecía temer por su continuidad en el órgano electoral y lo acusó de realizar gestiones en Sudamérica con el supuesto propósito de favorecer a empresas específicas.
Este ambiente de tensión se intensifica por las alegaciones de Ochoa acerca de un supuesto lazo entre el bipartidismo y algunos proveedores del sistema electoral con antecedentes controvertidos. Ochoa afirmó que se buscaba adjudicar el TREP a una compañía con un nombre diferente, la cual ya había participado en procesos anteriores, de acuerdo con su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El asesor señaló la posible reaparición de un sistema semejante al implementado en 2017, cuando varios procesos electorales fueron criticados por su falta de transparencia. Ochoa afirmó que hay un riesgo de que con diferentes nombres se utilice la misma compañía nuevamente, poniendo en duda las estructuras detrás de la adjudicación. Destacó que este enfoque forma parte de un patrón histórico que intenta preservar el control del TREP en manos de los dos principales partidos políticos.
Contrapuntos: exconsejeros y actores políticos
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros exfuncionarios recordaron que la aprobación del pliego fue una decisión legal y colegiada del Consejo, indicando que ahora corresponde el debate técnico tras dicha aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no solo está centrado en acusaciones políticas, sino que también abarca aspectos legales. Un elemento relevante es cómo se interpretan las reglas electorales respecto a la transmisión de datos y actas. Ochoa destacó que la ley requiere total transparencia a través de una conexión directa con los partidos y observadores, aunque evaluaciones independientes han señalado que el requerimiento legal se aplica únicamente a nivel presidencial y en plazos definidos, tal como especifica el artículo 278 de la Ley Electoral.
De acuerdo con los especialistas, las regulaciones indican que las actas presidenciales deben enviarse al mismo tiempo tanto al CNE como a los partidos. Sin embargo, el artículo 279 no requiere que se haga lo mismo con todas las actas ni que esta obligación se extienda a otros niveles más allá del presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La presidenta del CNE subrayó que este sistema no será un modelo automático sin revisión humana, evitando escenarios comparables a otros países donde la transmisión se realiza exclusivamente por computadora. Defendió que la normativa distingue claramente entre escrutinio, transmitido en sitio de votación, y verificación a cargo del CNE, sin eliminar controles humanos.
Desde distintos partidos se manifestaron dos posturas: uno aplaudió la aprobación alegando que reduce márgenes para posibles manipulaciones, mientras otro acusó al consejero de Libre de querer imponer estructuras autoritarias similares a las de Venezuela.
Posibles consecuencias y procesos judiciales
La acusación de Ochoa ha generado un escenario de incertidumbre. Por un lado, se vislumbra la posibilidad de impugnaciones legales a la licitación del TREP. En tribunales o instancias de revisión, se podrían argumentar irregularidades técnicas o favoritismo, en caso de que se confirme que una empresa con historial cuestionado participa nuevamente.
Además, el conflicto político podría minar la confianza en los resultados iniciales, impactando la legitimidad del proceso electoral que concluirá en noviembre. La tensión proviene tanto de sectores que demandan más transparencia como de grupos que sostienen la institucionalidad conjunta del CNE.
Desafíos para la institucionalidad electoral
El caso ilustra las dificultades que enfrenta el CNE. Se hace más claro que es necesario fortalecer los aspectos técnicos, legales y políticos relacionados con el TREP. Quejas como las de Ochoa podrían ser positivas si incentivan revisiones minuciosas, aunque también pueden servir como instrumentos de confrontación política.
Para garantizar credibilidad, son fundamentales:
- La precisión en las normas de evaluación del TREP, garantizando imparcialidad.
- El refuerzo de herramientas legales que faciliten la auditoría de decisiones y, si es necesario, su impugnación ante el CNE.
- La participación de agentes externos —tales como observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en los procesos de vigilancia.
- El debate en conjunto como medio para superar conflictos internos.
